DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

DECRETO No. 217

LEY DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO EN EL ESTADO DE COLIMA.

FERNANDO MORENO PEÑA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus habitantes sabed:

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente

D E C R E T O

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II Y 39 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO.- Que mediante oficio número DGG-623/01, de fecha 7 de diciembre del año 2001, el Lic. José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno, turnó a esta Soberanía iniciativa del titular del Poder Ejecutivo para expedir la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima.

SEGUNDO.- Que mediante oficio número 1288, de fecha 13 de diciembre del año 2001, suscrito por los Diputados Secretarios Salvador Solís Aguirre y Gonzalo Lino Peregrina, se turnó el presente asunto a la Comisión que suscribe.

TERCERO.- Que en la exposición de motivos la iniciativa señala lo siguiente:"El Plan Estatal de Desarrollo 1998-2003, actualizado en el año 2000, en el capítulo correspondiente al Respeto al Estado de Derecho, contempla como meta programática promover la Ley de Adquisiciones del sector público.

Asimismo, el capítulo dedicado a la Modernización y desregulación administrativa para el desarrollo, establece como estrategia Adecuar el marco normativo a los nuevos procesos de la gestión pública y como líneas de acción Modernizar los sistemas y ordenamientos jurídicos que garanticen la transparencia y racionalización del gasto público, así como actualizar las leyes y ordenamientos vigentes de manera que simplifiquen y agilicen sus procesos administrativos y los servicios a la ciudadanía.

En cumplimiento de las metas, estrategias y líneas de acción anteriores, el Ejecutivo a mi cargo presenta a la consideración de ese Honorable Congreso del Estado la presente iniciativa de LEY DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO EN EL ESTADO.

El presente documento se basa, sustancialmente, en la ley de la materia a nivel federal, tomando en cuenta la similitud de funciones con la administración pública de la federación, así como el grado de confiabilidad y aceptación que tiene dicho instrumento jurídico en el país. Sin embargo, por las características especiales de nuestra entidad, se han incorporado al proyecto disposiciones específicas que a continuación se mencionan.
En primer lugar, se trata de un ordenamiento global que tiene por objeto regular las acciones relativas a las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como la prestación de servicios de cualquier naturaleza que realicen el Gobierno del Estado (comprendiendo en él a los tres Poderes), los Ayuntamientos, los organismos descentralizados del Gobierno del Estado y de los Municipios, los organismos descentralizados autónomos (como el Instituto Electoral, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, etc.), las empresas de participación en las que el Gobierno del Estado o los Ayuntamientos sean socios mayoritarios, así como los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno del Estado, los Ayuntamientos o cualquiera de las entidades mencionadas anteriormente.

El esquema utilizado por el proyecto para comprender esta globalidad está sustentado en el manejo adecuado de varias referencias genéricas, para comprender correctamente a cada una de las entidades objeto de regulación. Así, por ejemplo, se utiliza el término órgano administrativo, con el cual se hace referencia a la oficialía mayor de cada Ayuntamiento y a los órganos administrativos que realicen funciones similares tanto en los Poderes Legislativo y Judicial como en cada una de las entidades públicas reguladas, ya mencionadas en el párrafo anterior, obviamente que para el caso de las dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo, o sea, secretarías de gobierno y procuraduría general de justicia, el órgano administrativo es la propia Oficialía Mayor de Gobierno; órgano de control, con el cual se hace alusión a las contralorías u órganos similares en los Poderes Legislativo y Judicial, los Ayuntamientos y las mencionadas entidades, también aquí debemos aclarar que en el caso de la administración pública centralizada, la Secretaría de la Contraloría es el órgano de control del Poder Ejecutivo; dependencias, a las áreas administrativas de los Poderes Legislativo y Judicial, las secretarías de gobierno, la oficialía mayor de gobierno y la procuraduría general de justicia; entidades, a cada uno de los organismos descentralizados y autónomos, empresas de participación y fideicomisos públicos.

Ese mecanismo utilizado en el proyecto permite la comprensión de las hipótesis susceptibles de regulación en todas las entidades que componen el espectro del sector público, con el propósito de que ninguna de ellas quede fuera del marco normativo expedido por la Honorable Soberanía Popular. De este modo, el principio fundamental de transparencia en las adquisiciones, servicios y arrendamientos queda garantizado. Hasta ahora, las leyes que regulan globalmente el sector público, parecen sustraer de sus hipótesis a los Poderes Legislativo y Judicial, así como a los organismos descentralizados autónomos. De ahí que se haya cuidado esta técnica jurídica, para que no quede ninguna duda de que todas las entidades del sector público deben llevar a cabo sus adquisiciones, arrendamientos y servicios en la forma y términos que establece el proyecto que se somete a la consideración de esa Soberanía.

La iniciativa se refiere a los procedimientos de contratación tanto a nivel nacional como internacional, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Tratado de Libre Comercio que nuestro país suscribió en 1993 con los Estados Unidos de América y Canadá, tomando en cuenta que uno de sus capítulos se refiere a las compras del sector público, cuando éstas rebasen los límites en él establecidos.

Asimismo, se dispone la creación de Comités de Compra con integración plural, en los que participen representantes del sector productivo y que tendría a su cargo diversas atribuciones para coadyuvar en la transparencia y más adecuada disposición de las adquisiciones, arrendamientos y servicios.

El presente proyecto consta de 73 artículos, 5 transitorios, estructurados en 7 títulos. El título primero comprende un solo capítulo y se refiere a la naturaleza y objeto de la ley, a los principales conceptos genéricos de referencia; define qué debe entenderse por adquisiciones, servicios y arrendamientos; faculta a los órganos administrativos para interpretar administrativamente la ley; señala la aplicación supletoria de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Estado; respeta el principio de trato nacional e incorpora el esquema de porcentaje en el contenido nacional para la adquisición y arrendamiento de bienes producidos en el país; establece la autoridad competente en materia de interpretación y aplicación de la ley, así como los casos en los que puede convenirse compromiso arbitral para la solución de controversias.

El título segundo, también integrado por un solo capítulo, se refiere a la planeación, programación y presupuestación de las adquisiciones, servicios y arrendamientos, las cuales deberán ajustarse a los objetivos y prioridades de los Planes Estatal y Municipales de Desarrollo, así como a los objetivos, metas y previsión de recursos contenidos en los presupuestos de egresos del Gobierno del Estado y de los municipios.

Dispone los criterios para que las dependencias y entidades formulen sus programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios; la creación de comités de compras en cada uno de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y cada una de las entidades a que se refiere la ley, sus atribuciones y la forma de integración.

El título tercero, De los procedimientos de contratación, comprende 3 capítulos. El I, Generalidades, determina las tres hipótesis conforme a las cuales las dependencias y entidades podrán realizar las adquisiciones:

licitación pública, invitación y adjudicación directa. El capítulo II está dedicado a regular en forma detallada las licitaciones públicas, su carácter nacional e internacional, el contenido de las convocatorias, su publicación la emisión de las bases los plazos para la presentación y apertura de proposiciones, el acto de presentación y apertura de las mismas, el proceso de valuación y la emisión del fallo. El capítulo III, reglamenta las excepciones a la licitación pública, señaladas en 18 hipótesis; asimismo, regula los procedimientos de adjudicación directa y de invitación.

El título cuarto, De los contratos, sólo contiene un capítulo y en él se determina el contenido de los documentos jurídicos en los que se formaliza las adquisiciones, servicios y arrendamientos, las obligaciones que surgen de los contratos tanto para las entidades convocantes como para los proveedores; los casos en los que se pueden celebrar contratos abiertos, las garantías que deben constituir los proveedores, los supuestos en los cuales las dependencias y entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contratos; la fecha de pago a los proveedores, el pacto de penas convencionales y el procedimiento de rescisión administrativa de contratos.

De la información y verificación trata el título quinto, constituido por un solo capítulo. En el título sexto se regulan las infracciones y el procedimiento para la aplicación de sanciones.

Finalmente, el último título trata de las inconformidades y del procedimiento de conciliación.

En los artículos transitorios se establece el inicio de vigencia del ordenamiento que se propone, se derogan las disposiciones que en la materia se contienen en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Estatal, el plazo para la expedición de los reglamentos de los comités de compras y otras disposiciones provisionales."

CUARTO.- Que después de haber analizado la iniciativa materia de este decreto, la Comisión dictaminadora concluye lo siguiente:

I. En la actualidad, el sistema jurídico colimense carece de un ordenamiento específico para regular las adquisiciones, los servicios y los arrendamientos del Gobierno del Estado, los Ayuntamientos y los organismos descentralizados. Únicamente dos leyes se refieren de manera genérica a las compras que realicen el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, ellas son la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Estatal y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. Esta importante función del sector público, que implica el gasto de fuertes partidas presupuestales, debe de estar convenientemente regulada. De ahí que la Comisión dictaminadora manifieste su satisfacción de que el titular del Poder Ejecutivo estatal haya tomado la determinación de enviar a esta Soberanía iniciativa de una nueva ley que regule específicamente esta importante función del sector público.

II. Como el propio ciudadano Gobernador lo señala, la Comisión que suscribe detectó que la iniciativa en análisis se basa, sustancialmente, en la ley de la materia a nivel federal, en razón de la similitud de funciones de ambas administraciones públicas, así como el grado de confiabilidad y aceptación que tiene dicho instrumento jurídico. Las disposiciones específicas que se han incorporado a la iniciativa, son producto de las características especiales de nuestra entidad. Con ellas está de acuerdo esta Comisión.

III. No obstante lo anterior, atentos como hemos estado a promover la participación ciudadana en el análisis y comentarios de los proyectos legislativos a cargo de esta Honorable LIII Legislatura, esta Comisión sostuvo varias reuniones de trabajo con el sector empresarial de la entidad, con el propósito de recoger opiniones, sugerencias y propuestas. En efecto, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Colima, así como las secciones estatales de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados y de la Confederación Patronal de la República Mexicana, formularon diversas observaciones a la iniciativa gubernamental, que esta Comisión dictaminadora consideró procedentes.

En primer lugar, incluir en la Ley que en la adjudicación de adquisiciones, servicios y arrendamientos se preferirá, en igualdad de circunstancias, a las personas físicas o morales que cuenten con el Certificado de Empresa Colimense, en los términos de la Ley de Fomento Económico para el Estado. Así mismo, que las bases de licitación podrán establecerse porcentajes diferenciales de precio en favor de las mismas, los cuales nunca podrán ser superiores al cinco por ciento. Esta disposición ya está regulada en algunas legislaciones estatales, entre otras la del Estado de México, entidad que se caracteriza por su dinamismo económico, y su justificación radica en el propósito gubernamental de fortalecer a las empresas colimenses que, en igualdad de circunstancias, participen en los procesos de adjudicación que serán regulados por el presente ordenamiento.

De aprobarse en sus términos esta propuesta, se requerirá la reforma correspondiente a la Ley de Fomento Económico. Esta incorporación, resultado de la participación de los organismos empresariales, se sugiere incluirla como texto del artículo 11 y el correspondiente a este dispositivo de la iniciativa, enviarlo como segundo párrafo del artículo 16.

En el artículo 18, los organismos empresariales sugirieron la conveniencia de adicionar un párrafo, con el objetivo de que las dependencias y entidades pongan a disposición del público, a más tardar el 31 de marzo de cada año, sus programas anuales de adquisiciones, servicios y arrendamientos, aclarando expresamente que los documentos que los contengan serán de carácter informativo, no implicarán compromiso alguno de contratación y podrán ser adicionados, modificados, suspendidos y cancelados sin responsabilidad alguna para dichas dependencias y entidades. Esta disposición, al decir de los organismos empresariales, permitirían a los proveedores locales realizar las previsiones necesarias y con oportunidad, para estar en posibilidad de participar en los concursos de adjudicación correspondientes.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Cámaras Empresariales, cuyo artículo 28 establece la obligación de las empresas de proporcionar información actualizada al Sistema de Información Empresarial Mexicano, se propone en el artículo 31 agregar una nueva tercera fracción, para incluir como contenido de las bases de licitación, la acreditación por parte del licitante de haber cumplido con dicha obligación.

Por otra parte, con el propósito de fortalecer y consolidar el funcionamiento de los comités de adquisiciones, servicios y arrendamientos de las entidades públicas, se propone la participación de dichos órganos en las actividades a que se refieren los artículos 40, 42 y 43.

IV. Asimismo, tomando en consideración que el ordenamiento en análisis regulará las adquisiciones, servicios y arrendamientos que realicen los Ayuntamientos, se solicitó su opinión, habiéndose tomado en cuenta de sus propuestas los siguientes aspectos. Adicionar, en el artículo 26, la mención expresa de que los procedimientos de contratación de adquisiciones, servicios y arrendamientos que realicen las dependencias y entidades se ajustarán a lo previsto por el artículo 42 de esta Ley.

En la fracción XIV del artículo 31 bajar el monto del 50% al 40%, en el otorgamiento de anticipos, como contenido de las bases que emitan las dependencias y entidades para las licitaciones públicas. Lo anterior, omando en cuenta las limitaciones de los erarios públicos municipales.

Finalmente, modificar de 300 a 150 días de salario mínimo general vigente en el Estado, los montos de cada operación en el procedimiento de adjudicación directa a que se refiere el inciso a), del artículo 42, con la consiguiente modificación del nivel mínimo establecido en el inciso b) de dicho artículo de 76 a 151 días de salario.

V. Finalmente, esta Comisión propone adicionar un Artículo Tercero Transitorio con el propósito de especificar que los procedimientos de adquisiciones, servicios y arrendamientos que se lleven a cabo al entrar en vigor este Decreto, continuaran siendo regulados por las disposiciones legales aplicables hasta ese momento. Por lo antes expuesto se tiene a bien expedir el siguiente:

ARTÍCULO UNICO.- Se aprueba la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos:

D E C R E T O No. 217

LEY DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y
ARRENDAMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO
EN EL ESTADO DE COLIMA

Articulos

TÍTULO PRIMERO

Disposiciones Generales
Capítulo Único


ARTÍCULO 1o.- El presente ordenamiento es de orden público y tiene por objeto regular los procedimientos relativos a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como la prestación de servicios de cualesquier naturaleza, que realicen:
I. El Gobierno del Estado;
II. Los Ayuntamientos;
III. Los organismos descentralizados del Gobierno del Estado y de los Municipios;
IV. Los organismos descentralizados autónomos;
V. Las empresas de participación estatal en las que el Gobierno del Estado o los Ayuntamientos sean socios mayoritarios; y
VI. Los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno del Estado, los Ayuntamientos o cualquiera de las entidades a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo.

ARTÍCULO 2o.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I. Gobierno: el Gobierno del Estado de Colima;
II. Poderes: los Poderes Legislativo y Judicial;
III. Oficialía Mayor: la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado;
IV. Contraloría: la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado;
V. Órgano administrativo: la Oficialía Mayor de cada Ayuntamiento, así como los órganos administrativos que realicen funciones similares en los Poderes Legislativo y Judicial y en los organismos a que se refieren las fracciones III a VI del artículo anterior;
VI. Órgano de control: las Contralorías u órganos similares en los Poderes, los Ayuntamientos y las entidades; En el caso del Poder Legislativo será la Contaduría Mayor de Hacienda.
VII. Dependencias: la de los Poderes Legislativo y Judicial, las Secretarías de Gobierno, la Oficialía Mayor de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia;
VIII. Entidades: los organismos mencionados en las fracciones II a VI del artículo anterior;
IX. Sector: el agrupamiento de entidades coordinado por la dependencia que designe el titular del Ejecutivo estatal o los Presidentes Municipales, en su caso;
X. Tratados: los convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito entre el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante los cuales los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos, mismos que serán ratificados por el Senado;
XI. Proveedor: la persona que celebre contratos de adquisiciones, servicios y arrendamientos;
XII. Licitante: la persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o de invitación;
XIII. Comité: el Comité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamiento; y
XIV. Periódico Oficial, al Periódico Oficial "El Estado de Colima".
Los términos a que se refiere esta Ley, se entenderán en días hábiles, salvo disposición en contrario.

ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de esta Ley, entre las adquisiciones, servicios y arrendamientos, quedan comprendidos:
I. Las adquisiciones y los arrendamientos de bienes muebles;
II. Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, que sean necesarios para la realización de las obras públicas por administración directa, o los que suministren las dependencias y entidades de acuerdo con lo pactado en los contratos de obras;
III. Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación, por parte del proveedor, en inmuebles de las dependencias y entidades, cuando su precio sea superior al de su instalación;
IV. La contratación de los servicios relativos a bienes muebles que se encuentren incorporados o adheridos a inmuebles, cuyo mantenimiento no implique modificación alguna al propio inmueble, y sea prestado por persona cuya actividad comercial corresponda al servicio requerido;
V. La reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles, maquila, seguros, transportación de bienes muebles o personas y contratación de servicios de limpieza y vigilancia;
VI. La contratación de arrendamiento financiero de bienes muebles;
VII. La prestación de servicios profesionales, así como la contratación de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, excepto la contratación de servicios personales bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios; y
VIII. En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago para las dependencias y entidades, cuyo procedimiento de contratación no se encuentre regulado en forma específica por otras disposiciones legales.

ARTÍCULO 4o.- La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados.

ARTÍCULO 5o.- Los contratos que celebren las dependencias con las entidades o aquéllas y éstas entre sí, o con la administración federal, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley. No obstante, dichos actos quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate un tercero para su realización.
Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento, las políticas, bases y lineamientos para las materias a que se refiere este artículo.
Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos y celebrar actos o cualquier tipo de contratos que evadan lo previsto en este ordenamiento. La infracción por sus titulares a esta disposición será causa de responsabilidad.

ARTÍCULO 6o.- Será responsabilidad de las dependencias y entidades contratar los servicios correspondientes para mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los bienes con que cuenten. o dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando por razón de la naturaleza de los bienes o el tipo de riesgos a los que están expuestos, el costo de aseguramiento represente una erogación que no guarde relación directa con el beneficio que pudiera obtenerse.
La Oficialía Mayor y los órganos administrativos correspondientes, en su caso, autorizarán previamente la aplicación de esta excepción.

ARTÍCULO 7o.- El gasto para las adquisiciones, servicios y arrendamientos se sujetará a las disposiciones específicas de los presupuestos de egresos del Gobierno, de los Ayuntamientos y de las entidades, en su caso, así como a lo previsto en las leyes de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado y Municipal y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 8o.- La Oficialía Mayor y los órganos administrativos correspondientes, en el ámbito de sus respectivas competencias, están facultadas para interpretar esta Ley para efectos administrativos. Asimismo, atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, y en el ámbito sus respectivas competencias, las autoridades a que se refiere el párrafo anterior dictarán las reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas. Para la Ex edición de dichas reglas, se tomará en cuenta la opinión de la Contraloría y de los órganos de control correspondientes.
La Contraloría y los órganos de control correspondientes, en el ámbito de sus respectivas competencias, dictarán las disposiciones administrativas que sean estrictamente necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley. Dichas disposiciones se publicarán en el Periódico Oficial.

ARTÍCULO 9o.- En materia de adquisiciones, servicios y arrendamientos, los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades, serán los responsables de que, en la adopción e instrumentación de las acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen criterios que promuevan la modernización y desarrollo administrativos, la descentralización de funciones y la efectiva delegación de facultades.

ARTÍCULO 10.- En los casos de adquisiciones, servicios o arrendamientos financiados con créditos o con el aval del Gobierno, los procedimientos, requisitos y demás disposiciones para su contratación serán establecidos por la Contraloría aplicando, en lo procedente, lo dispuesto por esta Ley, lo que deberá precisarse en las convocatorias, invitaciones, bases y contratos correspondientes.

ARTÍCULO 11.- En la adjudicación de las adquisiciones, servicios y arrendamientos se preferirá, en igualdad de circunstancias, a las personas físicas o morales que cuenten con el Certificado de Empresa Colimense, en los términos de la Ley de Fomento Económico para el Estado. Al efecto, las bases de la licitación podrán establecer porcentajes diferenciales de precio a favor de las mismas, los cuales nunca podrán ser superiores al cinco por ciento.

ARTÍCULO 12.- Las dependencias y entidades, previamente al arrendamiento de bienes muebles, deberán realizar los estudios de factibilidad, considerando la posible adquisición mediante arrendamiento con opción a compra.

TÍTULO TERCERO

Las dependencias y entidades no podrán financiar a proveedores la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, cuando éstos vayan a ser objeto de contratación por parte de las propias dependencias o entidades. No se considerará como operación de financiamiento, el otorgamiento de anticipos los cuales, en todo caso, deberán garantizarse en los términos del artículo 48 de esta Ley.
Tratándose de bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a 90 días, la dependencia o entidad deberá otorgar por lo menos el 20% de anticipo, salvo la existencia de causas que impidan a la dependencia o entidad convocante hacerlo.
La Oficialía Mayor y el órgano administrativo correspondiente, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán autorizar el pago de suscripciones, seguros o de otros servicios, en los que no sea posible pactar que su costo sea cubierto después de que la prestación del servicio se realice.

ARTÍCULO 14.- En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las dependencias y entidades optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del país y del Estado y por la adquisición y arrendamiento de bienes producidos en el país y que cuenten con el porcentaje de contenido nacional indicado en el artículo 28, fracción I, de esta Ley, los cuales deberán contar, en la comparación económica de las propuestas, con un margen hasta del 10% de preferencia en el precio respecto de los bienes de importación, conforme a las reglas que establezcan la Oficialía Mayor o el órgano administrativo correspondiente, en su caso, tomando como referencia las expedidas por la autoridad federal competente.

ARTÍCULO 15.- Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de esta Ley o de los contratos celebrados con base en ella, serán resueltas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y los órganos de lo contencioso administrativo municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Sólo podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que determinen la Contraloría y los órganos de control correspondiente, en su caso, mediante reglas de carácter general, previa opinión de la Oficialía Mayor y órganos administrativos correspondientes, en su caso, ya sea en cláusula compromisoria incluida en el contrato o en convenio independiente.
Lo previsto en los dos párrafos anteriores es sin perjuicio de lo establecido en los tratados en que México sea parte.

ARTÍCULO 16.- Los actos, contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen o celebren en contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos previa determinación de la autoridad competente.
En lo no previsto por esta Ley y demás disposiciones que de ella se deriven, serán aplicables supletoriamente los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Estado.

ARTÍCULO 17.- La Oficialía Mayor y los órganos administrativos correspondientes, en el ámbito de sus
respectivas competencias y mediante disposiciones de carácter general, oyendo la opinión de la Contraloría y de los órganos de control respectivos, en su caso, determinarán los bienes y servicios de uso generalizado que, en forma consolidada, podrán adquirir, arrendar o contratar las dependencias y entidades con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, así como en condiciones de competencia a las áreas prioritarias del desarrollo.

TÍTULO SEGUNDO

De la Planeación, Programación y Presupuestación

Capítulo Único

ARTÍCULO 18.- En la planeación de las adquisiciones, servicios y arrendamientos, las dependencias y entidades deberán ajustarse a:
I. Los objetivos y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, de los Planes de Desarrollo Municipal, en su caso, y de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en sus programas anuales; y
II. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los presupuestos de egresos del Gobierno y de los municipios, en su caso. Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público, a más tardar el 31 de marzo de cada año, sus programas anuales de adquisiciones, servicios y arrendamientos. Los documentos que los contengan serán de carácter informativo, no implicarán compromiso alguno de contratación y podrán ser adicionados, modificados, suspendidos y cancelados sin responsabilidad alguna para dichas dependencias y entidades.

ARTÍCULO 19.- Las dependencias y entidades que requieran contratar servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, previamente verificarán si en sus archivos o, en su caso, en los de la coordinadora del sector correspondiente, existen trabajos o personal con la preparación y conocimientos sobre la materia de que se trate. En el supuesto de que se advierta su existencia y se compruebe que los mismos satisfacen los requerimientos de la entidad o dependencia, no procederá la contratación, con excepción de aquellos trabajos que sean necesarios para su adecuación, actualización o complemento.
A fin de cumplimentar lo anterior, las entidades deberán remitir a su coordinadora de sector una descripción sucinta del objeto de los contratos que en estas materias celebren, así como de sus productos.
La erogación para la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, requerirá de la autorización escrita del titular de la dependencia o entidad, así como del dictamen del área respectiva, de que no se cuenta con personal capacitado o disponible para su realización.

ARTÍCULO 20.- Las dependencias y entidades formularán sus programas anuales de adquisiciones, servicios y arrendamientos y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus respectivos presupuestos, considerando:
I. Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de dichas operaciones;
II. Los objetivos y metas a corto y mediano plazo;
III. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios;
IV. Las unidades responsables de su instrumentación;
V. Sus programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones, así como, en su caso, aquellos relativos a la adquisición de bienes para su posterior comercialización, incluyendo los que habrán de sujetarse a procesos productivos;
VI. La existencia en cantidad suficiente de los bienes; los plazos estimados de suministro; los avances tecnológicos incorporados en los bienes y, en su caso, los planos, proyectos y especificaciones;
VII. Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, a falta de éstas, las normas internacionales;
VIII. Los requerimientos de mantenimiento de los bienes muebles a su cargo; y
IX. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y características de las adquisiciones, servicios y arrendamientos.

ARTÍCULO 21.- Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y cada una de las entidades a que se refiere esta Ley, deberán establecer un comité de adquisiciones, servicios y arrendamientos que tendrá las siguientes funciones:
I. Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 41 de esta Ley, salvo en los casos de las fracciones II, V y XII del propio precepto, en cuyo caso se deberá informar al propio comité una vez concluida la contratación respectiva. Dicha función también podrá ser ejercida directamente por el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad;
II. Proponer las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, servicios y arrendamientos, así como autorizar los supuestos no previstos en éstos, sometiéndolas a consideración del titular de la dependencia o al órgano de gobierno en el caso de las entidades;
III. Autorizar y, en su caso, adjudicar las adquisiciones, servicios y arrendamientos que procedan, de conformidad con el artículo 42 del presente ordenamiento;
IV. Analizar trimestralmente el informe de la conclusión de los casos dictaminados conforme a la fracción anterior, de las licitaciones públicas que se realicen y los resultados generales de las adquisiciones, servicios y arrendamientos, así como, en su caso, recomendar las medidas necesarias para evitar el probable incumplimiento de alguna disposición jurídica o administrativa;
V. Analizar exclusivamente para su opinión, cuando se le solicite, los dictámenes y fallos emitidos por los servidores públicos responsables de ello;
VI. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de adquisiciones, servicios y arrendamientos, así como aprobar su integración y funcionamiento, y nombrar un representante del comité en éstos;
VII. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité, conforme a las bases que expida la Contraloría y el órgano de control correspondiente, en su caso;
VIII. Autorizar los casos de reducción del plazo para la presentación y apertura de proposiciones en licitaciones públicas; y
IX. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 22.- Los comités a que se refiere el artículo anterior estarán integrados por los servidores públicos que determinen los titulares de los Poderes o de las entidades respectivas. Se invitará a que formen parte de ellos, con derecho a voz y voto, a representantes de las Cámaras Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, de la Industria de la Transformación, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y de la Confederación Patronal de la República Mexicana y de aquellas que se juzgue conveniente participar por el giro, en su caso. El reglamento de cada comité regulará su organización y su funcionamiento interior.

ARTÍCULO 23.- El titular de cada Poder o el órgano de gobierno de cada entidad podrá autorizar la creación de subcomités en dependencias específicas o en organismos desconcentrados, cuando la cantidad y monto de sus operaciones o las características de sus funciones así lo justifiquen. En los casos en que, por la naturaleza de sus funciones o por la magnitud de sus operaciones, no se justifique la instalación de un comité, la Contraloría o el órgano de control correspondiente, en su caso, podrán autorizar la excepción correspondiente.
ARTÍCULO 24.- En los contratos de adquisiciones, servicios y arrendamientos cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestal, las dependencias o entidades deberán determinar tanto el presupuesto total como el relativo a los ejercicios de que se trate; en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes se considerarán los costos que, en su momento, se encuentren vigentes y se dará prioridad a las previsiones para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

TÍTULO TERCERO

De los Procedimientos de Contratación
Capítulo I
Generalidades

ARTÍCULO 25.- Las dependencias y entidades podrán convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, servicios y arrendamientos solamente cuando se cuente con la autorización global o específica, por parte de la Secretaría de Finanzas, de las Tesorerías Municipales y de los órganos similares en las entidades, en su caso, del presupuesto de inversión y de gasto corriente, conforme a los cuales deberán programarse los pagos respectivos.

ARTÍCULO 26.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, servicios y arrendamientos mediante los procedimientos de contratación que a continuación se señalan y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 de la presente Ley:
I. Licitación pública;
II.Invitación a cuando menos tres personas; o
III.Adjudicación directa.
En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, forma y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y garantías, debiendo proporcionar las dependencias y entidades a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.
La Oficialía Mayor o el órgano administrativo correspondiente, en su caso, tomando en cuenta la opinión de la Contraloría o del órgano de control correspondiente, en su caso, y de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de esta Ley, determinarán el carácter nacional o internacional de los procedimientos de contratación y los criterios para establecer el contenido nacional de los bienes a ofertar, en razón de las reservas, medidas de transición u otros supuestos establecidos en los tratados.
Las dependencias convocantes pondrán a disposición pública, a través de los medios de difusión electrónica que se establezcan, la información que obre en sus bases de datos correspondientes a las convocatorias y bases de las licitaciones y, en su caso, sus modificaciones; las actas de las juntas de aclaraciones y de visita a instalaciones; los fallos de dichas licitaciones o las cancelaciones de éstas; y los datos relevantes de los contratos adjudicados, ya sea por licitación, invitación o adjudicación directa.

ARTÍCULO 27.- Las adquisiciones y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que serán abiertos públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley.
Las propuestas a que hacen referencia este artículo podrán entregarse, según lo establezca la dependencia o entidad convocante, pudiendo hacerse por medios remotos de comunicación electrónica, conforme a las disposiciones administrativas que para ello se implementen.
En el caso de haber presentado las propuestas por medios remotos de comunicación electrónica, éstas serán generadas mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sea inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto se establezcan.
Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, se emplearán medios de identificación electrónico, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.
La dependencia o entidad convocante operará y se encargará del sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen los licitantes y será responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta vía.

Capítulo II

De la Licitación Pública

ARTÍCULO 28.- Las licitaciones públicas podrán ser:
I. Nacionales, cuando únicamente puedan participar licitantes de nacionalidad mexicana;
II. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad mexicana como extranjera y los bienes a adquirir sean de origen nacional o extranjero.
Solamente se deberán llevar a cabo licitaciones internacionales, en los siguientes casos:
a) Cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados;
b) Cuando, previa investigación de mercado que realice la dependencia o entidad convocante, no exista oferta de proveedores nacionales respecto a bienes o servicios en cantidad o calidad requeridas o sea conveniente en términos de precio;
c) Cuando habiéndose realizado una de carácter nacional, no se presente alguna propuesta o ninguna cumpla con los requisitos a que se refiere la fracción I anterior; y
d) Cuando así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al gobierno estatal o con su aval.
En este tipo de licitaciones la Oficialía Mayor o el órgano administrativo correspondiente, en su caso, mediante publicación en el Periódico Oficial, determinará las hipótesis en que los participantes deban manifestar ante la dependencia o entidad convocante que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.
Podrá negarse la participación a extranjeros en licitaciones internacionales, cuando con el país del cual sean nacionales no se tenga celebrado un tratado y ese país no conceda un trato recíproco a los licitantes, proveedores, bienes o servicios mexicanos.

ARTÍCULO 29.- Las convocatorias podrán referirse a uno o más bienes o servicios, y contendrán:
I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante;
II. La indicación de los medios, lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases de la licitación y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas. Cuando las bases impliquen un costo, éste será fijado sólo en razón de la recuperación de las erogaciones por publicación de la convocatoria y de la reproducción de los documentos que se entreguen; los interesados podrán revisarlas previamente a su pago, el cual será requisito para participar en la licitación. Igualmente, los interesados podrán consultar y adquirir las bases de las licitaciones por los medios de difusión electrónica que se establezcan;
III. La fecha, hora y lugar de celebración de las dos etapas del acto de presentación y apertura de proposiciones;
IV. La indicación de si la licitación es nacional o internacional y, en este caso, si se realizará o no bajo la
cobertura del capítulo de compras del sector público de algún tratado, en el idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones;
V. La indicación que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas;
VI. La descripción general, cantidad y unidad de medida de los bienes o servicios que sean objeto de la licitación, así como lo correspondiente a las partidas o conceptos de mayor monto, en su caso;
VII. Lugar y plazo de entrega de los bienes y servicios;
VIII. Condiciones de pago, señalando el momento en que se haga exigible el mismo;
IX. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarían;
X. La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo
50 de esta Ley; y
XI. En el caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con o sin opción a compra.

ARTÍCULO 30.- Las convocatorias se publicarán en el Periódico Oficial y en uno de mayor circulación estatal, si es nacional, y uno nacional, si es internacional.

ARTÍCULO 31.- Las bases que emitan las dependencias y entidades para las licitaciones públicas se pondrán a disposición de los interesados, tanto en el domicilio señalado por la dependencia o entidad convocante como en los medios de difusión electrónica, a partir del día en que se publique la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este período. Las bases contendrán en lo aplicable como mínimo lo siguiente:
I. Nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante;
II. Forma en que deberá acreditar la existencia y personalidad jurídica el licitante;
III. Acreditación por parte del licitante de haber cumplido con las disposiciones de la Ley de Cámaras
Empresariales, en relación con el Sistema de Información Empresarial Mexicano;
IV. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación, siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen; fecha, hora y lugar de celebración de las dos etapas del acto de presentación y apertura de proposiciones; comunicación del fallo y firma del contrato;
V. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación, así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes o servicios o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes;
VI. Idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones. Los anexos técnicos y folletos podrán presentarse en el idioma del país de origen de los bienes o servicios, acompañados de una traducción simple al español;
VII. Moneda en que se cotizará y efectuará el pago respectivo. En los casos de licitación internacional en que la dependencia o entidad convocante determine efectuar los pagos a proveedores extranjeros en moneda extranjera, los licitantes nacionales podrán presentar sus proposiciones en la misma moneda extranjera que determine la dependencia o entidad convocante. No obstante, el pago que se realice en el territorio nacional deberá hacerse en moneda nacional y al tipo de cambio vigente en la fecha en que se haga dicho pago;
VIII. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas;
IX. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos de conformidad a lo establecido por el artículo 36 de esta Ley;
X. Descripción completa de los bienes o servicios o indicación de los sistemas empleados para identificación de los mismos; información específica que requieran respecto a mantenimiento, asistencia técnica y capacitación; relación de refacciones que deberán cotizarse cuando sean parte integrante del contrato; aplicación de normas a que se refiere la fracción VII del artículo 20 de esta Ley; dibujos; cantidades; muestras y pruebas que se realizarán, así como método para ejecutarlas;
XI. Plazo y condiciones de entrega, así como la indicación del lugar, dentro del territorio nacional, donde deberán efectuarse las entregas o la instalación de los mismos;
XII. Requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar, los cuales no deberán limitar la libre participación de los interesados;
XIII. Condiciones de precio y pago, señalando el momento en que se haga exigible el mismo;
XIV. Datos sobre las garantías, así como la indicación de si se otorgará anticipo, en cuyo caso deberá señalarse el porcentaje respectivo y el momento en que se entregará, el que no podrá exceder del 40% del monto total del contrato;
XV. La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación o bien, de cada partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a un solo proveedor o si la adjudicación se hará mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo a que se refiere el artículo 39 de esta Ley, en cuyo caso deberá precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en precio que se considerará;
XVI. En el caso de contratos abiertos, la información a que alude del artículo 47 de este ordenamiento;
XVII. Penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes o en la prestación de los servicios;
XVIII. La indicación de que el licitante que no firme el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos del artículo 60 de esta Ley; y
XIX. En su caso, términos y condiciones a que deberán ajustarse la participación de los licitantes cuando las proposiciones sean enviadas por medios remotos de comunicación electrónica. El que los licitantes opten por utilizar estos medios para enviar sus proposiciones no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos derivados de una licitación.
Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, servicios y arrendamientos, no se le podrá exigir al particular requisitos distintos a los señalados por esta Ley.

ARTÍCULO 32.- El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones internacionales no podrá ser inferior a 20 días, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando menos, de 15 días contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria.

ARTÍCULO 33.- Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrán modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre que:
I. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conocimiento de los interesados a través de los mismos medios utilizados para su publicación; y
II. En el caso de las bases de la licitación, se publique un aviso en el Periódico Oficial y en uno de mayor circulación estatal, a fin de que los interesados concurran ante la propia dependencia o entidad para conocer, de manera específica, las modificaciones respectivas. No será necesario hacer la publicación del aviso cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que, a más tardar dentro del plazo señalado en este artículo, se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la correspondiente licitación.
Las modificaciones de que trata este artículo en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes o servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.
Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación.

ARTÍCULO 34.- La entrega de proposiciones se hará en dos sobres cerrados que contendrán, por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica. La documentación distinta a las propuestas podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica. En los casos de entrega por medios remotos, la dependencia convocante determinará lo conducente.
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en las licitaciones sin necesidad de constituir una sociedad o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto, la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.
Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, las dependencias o entidades convocantes podrán efectuar el registro de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la propuesta técnica y económica. Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso a quienes hayan cubierto el costo de las bases y decidan presentar su documentación y proposiciones durante el propio acto.

ARTÍCULO 35.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en dos etapas, conforme a lo siguiente:
I. En la primera etapa, una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados o por medios electrónicos
remotos, se procederá a la apertura de la propuesta técnica exclusivamente y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos;
II. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y dos servidores públicos de la dependencia o entidad presentes, rubricarán las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente haya determinado la dependencia o entidad convocante en las bases de licitación, las que para estos efectos constarán documentalmente, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquéllos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de la propia dependencia o entidad convocante, quien de estimarlo necesario podrá señalar nuevo lugar, fecha y hora en que se dará apertura a las propuestas económicas;
III. Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma. La falta de
firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación;
IV. La dependencia o entidad convocante procederá a realizar el análisis de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas económicas;
V. En la segunda etapa, una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y se dará lectura al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y dos servidores públicos presentes rubricarán las propuestas económicas.
Se señalarán lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los 20 días siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa, y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 20 días contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo; y
VI. Se levantará acta de la segunda etapa en la que se hará constar el resultado técnico, las propuestas económicas aceptadas para su análisis, sus importes, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación.

ARTÍCULO 36.- Para hacer la evaluación de las proposiciones, las dependencias y entidades deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de licitación. No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por las dependencia o entidad convocantes que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.
En la evaluación de las proposiciones, en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes, excepto cuando se trate de servicios, en los que se demuestre la conveniencia de aplicar dichos mecanismos para evaluar objetivamente la solvencia de las propuestas, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emitan la Contraloría o el órgano de control correspondiente, en su caso. Dentro de los criterios de adjudicación podrá establecerse el relativo a costo-beneficio, siempre y cuando sea definido, medible y aplicable a todas las propuestas. Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúna, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la dependencia o entidad convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la dependencia o entidad convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, incluyendo, en su caso, el porcentaje previsto por el artículo 14 de este ordenamiento.
La dependencia o entidad convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se harán constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.

ARTÍCULO 37.- En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, levantándose el acta respectiva que firmarán los asistentes, a quienes se entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación. En sustitución de esa junta, las dependencias y entidades podrán optar por notificar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los licitantes, dentro de los 5 días siguientes a su emisión.
En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación referida, en su caso, las dependencias y entidades proporcionarán por escrito a los licitantes la información acerca de las razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora.
Contra la resolución que contenga el fallo procederá el recurso de inconformidad que se interponga por los licitantes en los términos del artículo 65 de esta Ley.

ARTÍCULO 38.- Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación o sus precios no fueren aceptables, y expedirán una segunda convocatoria.
Tratándose de licitaciones en las que una o varias partidas se declaren desiertas, la dependencia o entidad convocante podrá proceder sólo respecto a esas partidas, a celebrar una nueva licitación o bien un procedimiento de invitación o de adjudicación directa, según corresponda.
Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelar cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad.

ARTÍCULO 39.- Las dependencias y entidades, previa justificación de la conveniencia de distribuir entre dos o más proveedores de la partida de un bien o servicio, podrán hacerlo siempre que así se haya establecido en las bases de la licitación.
En este caso, los precios de los bienes o servicios contenidos en una misma partida y distribuidos entre dos o más proveedores, no podrán exceder del 5% respecto de la propuesta solvente más baja.
Capítulo III
De las Excepciones a la Licitación Pública

ARTÍCULO 40.- En los supuestos que prevé el artículo siguiente, las dependencias y entidades, bajo su
responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa.
La selección del procedimiento que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento de los criterios mencionados y la justificación de las razones para el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios.
En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse.
En estos casos, el titular del área responsable de la contratación, a más tardar el día último hábil de cada mes, enviará a la Contraloría o al órgano de control correspondiente, en su caso, y al comité correspondiente, un informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia del escrito aludido en este artículo y de un dictamen en el que se hará constar el análisis de la o las propuestas y las razones para la adjudicación del contrato. No será necesario rendir este informe en las operaciones que se realicen al amparo del artículo siguiente, fracciones IV y XII.

ARTÍCULO 41.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones y servicios, cualquiera que fuere el monto de la operación, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando:
I. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos;
II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del Estado como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales;
III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados;
IV. Se realicen con fines exclusivamente para la seguridad pública o sean necesarias para garantizar la seguridad interior del Estado o de los municipios;
V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate; en este supuesto, las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla;
VI. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al proveedor que hubiere resultado ganador en una licitación. En estos casos la dependencia o entidad podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al 10%;
VII. Se realicen dos licitaciones públicas que hayan sido declaradas desiertas;
VIII. Existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de bienes de marca determinada o estos sean proporcionados bajo contrato por dependencia federal, estatal o municipales;
IX. Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o semiprocesados, semovientes y bienes usados. Tratándose de estos últimos, el precio de adquisición no
podrá ser mayor al que se determine mediante avalúo que practicarán peritos valuadores autorizados o, a falta de éstos, terceros habilitados para ello conforme a las disposiciones aplicables;
X. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones cuya difusión pudiera afectar al interés público o comprometer información de naturaleza confidencial para el Estado o el municipio;
XI. Se trate de adquisiciones, servicios y arrendamientos, cuya contratación se realice con campesinos o
grupos urbanos marginados y que la dependencia o entidad contrate directamente con los mismos, como personas físicas o morales;
XII. Se trate de adquisiciones de bienes que realicen las dependencias y entidades para su comercialización o para someterlos a procesos productivos en cumplimiento de su objeto o fines propios expresamente establecidos en el acto jurídico de su constitución;
XIII. Se trate de adquisiciones de bienes provenientes de personas que, sin ser proveedores habituales,
ofrezcan bienes en condiciones favorables, en razón de encontrarse en estado de liquidación o disolución, o bien, bajo intervención judicial;
XIV. Se trate de servicios profesionales prestados por una persona física, siempre que éstos sean realizados por ella misma sin requerir de la utilización de más de un especialista o técnico;
XV. Se trate de servicios de mantenimiento de bienes en los que no sea posible precisar su alcance, establecer las cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes;
XVI. El objeto del contrato sea el diseño y fabricación de un bien que sirva como prototipo para producir otros en la cantidad necesaria para efectuar las pruebas que demuestren su funcionamiento. En estos casos la dependencia o entidad deberá pactar que los derechos sobre el diseño, uso o cualquier otro derecho exclusivo, se constituyan en favor del Estado o de las entidades según corresponda;
XVII. Se trate de equipos especializados, sustancias y materiales de origen químico, físico químico o bioquímico para ser utilizadas en actividades experimentales requeridas en proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, siempre que dichos proyectos se encuentren autorizados por quien determine el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad; o
XVIII. Se acepte la adquisición de bienes o la prestación de servicios a título de dación en pago.

ARTÍCULO 42.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, servicios y arrendamientos, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, en los siguientes casos:
a) De adjudicación directa, cuando el monto de cada operación no exceda de 100 días de salarios mínimo general vigente en el Estado, debiendo informar al comité correspondiente de estas operaciones;
b) De adjudicación directa, con tres cotizaciones y visto bueno del Comité o Subcomité de Compras
correspondiente, cuando el monto de cada operación sea de 101 y hasta 850 días de salario mínimo
general vigente en el Estado; y
c) A través de invitación a cuando menos tres personas, con participación del Comité o Subcomité de Compras correspondiente, cuando el monto de la operación sea de 851 a 11,150 días de salario mínimo general vigente en el Estado.
Las entidades y dependencias no deberán fraccionar las operaciones con el propósito de que las mismas queden comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo.
En los casos a que se refiere este artículo, se invitará a personas cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse.
En el supuesto de que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas hayan sido declarados desiertos, el titular del área responsable de la contratación en la dependencia o entidad podrá adjudicar directamente el contrato, debiendo informar al comité de adquisiciones, servicios y arrendamientos cuando los anteriores procedimientos hubiesen sido autorizados por él mismo.

ARTÍCULO 43.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente:
I. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en dos etapas, para lo cual la apertura de los sobres podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante de la Contraloría o del órgano de control correspondiente, en su caso, y del comité correspondiente;
II. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres propuestas susceptibles de analizarse técnicamente;
III. En las invitaciones se indicarán, como mínimo, la cantidad y descripción de los bienes o servicios requeridos, plazo y lugar de entrega, así como condiciones de pago;
IV. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada operación atendiendo al tipo de bienes o servicios requeridos, así como a la complejidad para elaborar la propuesta;
V. El carácter nacional o internacional en los términos del artículo 28 de esta Ley; y
VI. A las demás disposiciones de esta Ley que resulten aplicables.

TÍTULO CUARTO

De los Contratos
Capítulo Único

ARTÍCULO 44.- En las adquisiciones, servicios y arrendamientos deberá pactarse preferentemente la condición de precio fijo. Tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, se reconocerán los incrementos
autorizados.

ARTÍCULO 45.- Los contratos de adquisiciones, servicios y arrendamientos contendrán, como mínimo, lo
siguiente:
I. La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato;
II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato;
III. El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes o servicios;
IV. La fecha, lugar y condiciones de entrega;
V. Porcentaje, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se otorguen;
VI. Forma y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato;
VII. Plazo y condiciones de pago del precio de los bienes o servicios;
VIII. Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en este último caso, la fórmula o condición en que se
hará y calculará el ajuste;
IX. Penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes o servicios, por causas imputables a los
proveedores;
X. La descripción pormenorizada de los bienes o servicios objeto del contrato, incluyendo, en su caso, la
marca y el modelo de los bienes; y
XI. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos de autor u otros derechos exclusivos que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán en favor del Estado, del municipio o de la entidad, según corresponda.

ARTÍCULO 46.- La adjudicación del contrato obligará a la dependencia o entidad y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el documento relativo dentro de los 20 días siguientes al de la notificación del fallo.
Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, la dependencia o entidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 36 de esta Ley, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%.
El licitante a quien se hubiere adjudicado el contrato no estará obligado a suministrar los bienes o prestar el servicio, si la dependencia o entidad, por causas imputables a la misma, no firmare el contrato. En este supuesto, la dependencia o entidad, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su propuesta, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate. El atraso de la dependencia o entidad en la formalización de los contratos respectivos o en la entrega de anticipos, prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la dependencia o entidad de que se trate.

ARTÍCULO 47.- Las dependencias y entidades que requieran de un mismo bien o servicio de manera reiterada, podrán celebrar contratos abiertos conforme a lo siguiente:
I. Se establecerá la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o arrendar, o bien, el presupuesto
mínimo y máximo que podrá ejercerse en la adquisición, la prestación del servicio o el arrendamiento. La cantidad o presupuesto mínimo que se requiera no podrá ser inferior al 40% de la cantidad o presupuesto máximo que se establezca.
En casos de bienes que se fabriquen en forma exclusiva para las dependencias y entidades, la cantidad o presupuesto mínimo que se requiera no podrá ser inferior al 80% de la cantidad o presupuesto máximo que se establezca.
No se podrán establecer plazos de entrega en los cuales no sea factible producir los bienes;
II. Se hará una descripción completa de los bienes o servicios con sus correspondientes precios unitarios;
III. En la solicitud y entrega de los bienes o servicios se hará referencia al contrato celebrado; y
IV. Los plazos para el pago de los bienes o servicios no podrán exceder de 45 días.

ARTÍCULO 48.- Los proveedores que celebren los contratos a que se refiere esta Ley, deberán garantizar:
I. Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantías deberán constituirse por la totalidad del monto de los anticipos; y
II. El cumplimiento de los contratos.
Para los efectos de este artículo, los titulares de las dependencias o de los órganos de gobierno de las entidades, fijarán las bases, forma y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse. En los casos señalados en los artículos 41, fracciones IV, XI y XIV y 42 de esta Ley, el servidor público que deba firmar el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar al proveedor de presentar la garantía de cumplimiento del contrato respectivo.
La garantía de cumplimiento del contrato deberá presentarse a más tardar dentro de los 10 días siguientes a la firma del contrato, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice dentro del citado plazo y la correspondiente al anticipo se presentará previamente a la entrega de éste, a más tardar en la fecha establecida en el contrato.

ARTÍCULO 49.- Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se constituirán en favor de:
I. La Secretaría de Finanzas, por actos o contratos que se celebren con las dependencias del Poder Ejecutivo;
II. El Congreso del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el caso de los Poderes; y
III. Las entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas.

ARTÍCULO 50.- Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes:
I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos, por afinidad o civiles, hasta el cuarto grado, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte;
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Contraloría o del órgano de control correspondiente, en su caso;
III. Aquellos proveedores que por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o entidad convocante les hubiere rescindido administrativamente un contrato;
IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la autoridad competente, en los términos de las leyes federal y estatal de responsabilidades, o aquéllas que hayan sido inhabilitadas temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebración de contratos regulados por la ley federal y estatal en las materias de adquisiciones y de obras públicas;
V. Los proveedores que se encuentren en situación de atraso en las entregas de los bienes o en la prestación de los servicios por causas imputables a ellos mismos, respecto de otro u otros contratos celebrados con la propia dependencia o entidad, siempre y cuando éstas hayan resultado gravemente perjudicadas;
VI. Aquéllas que hayan sido declaradas en suspensión de pagos, estado de quiebra o sujetas a concurso de acreedores;
VII. Aquéllas que presenten propuestas en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común;
VIII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan realizado o se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento vinculado con el procedimiento en que se encuentran interesadas en participar;
IX. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pretendan ser contratadas para elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean parte;
X. Las que celebren contratos sobre las materias reguladas por esta Ley sin estar facultadas para hacer uso de derechos de propiedad intelectual; y
XI. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley.

ARTÍCULO 51.- La fecha de pago al proveedor que las dependencias y entidades estipulen en los contratos, quedará sujeta a las condiciones que establezcan las mismas; sin embargo, no podrá exceder de 45 días posteriores a la presentación de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato.
En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, la dependencia o entidad, a solicitud del proveedor, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal del Estado, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor.
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar dichas cantidades en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad.
En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, el proveedor deberá reintegrar los anticipos que haya recibido más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en este artículo. Los cargos se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad.

ARTÍCULO 52.- Las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los 12 meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente.
Igual porcentaje se aplicará a las modificaciones que por ampliación de la vigencia se hagan de los contratos de servicios o de arrendamientos, cuya prestación se realice de manera continua y reiterada.
Tratándose de contratos en los que se incluyan bienes o servicios de diferentes características, el porcentaje se aplicará para cada partida o concepto de los bienes o servicios de que se trate.
Cuando los proveedores demuestren la existencia de causas justificadas que les impidan cumplir con la entrega total de los bienes conforme a las cantidades pactadas en los contratos, las dependencias y entidades podrán modificarlos mediante la cancelación de partidas o parte de las cantidades originalmente estipuladas, siempre y cuando no rebase el 5% del importe total del contrato respectivo.
Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte de las dependencias y entidades; los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el contrato o quien lo sustituya o esté facultado para ello.
Las dependencias y entidades se abstendrán de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

ARTÍCULO 53. - Las dependencias y entidades deberán pactar penas convencionales a cargo del proveedor por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, las que no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato, y serán determinadas en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente. En las operaciones en que se pactare ajuste de precios, la penalización se calculará sobre el precio ajustado.
Los proveedores quedarán obligados ante la dependencia o entidad a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.
Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias a que, conforme a las leyes de la materia o tratados, pudiere estar sujeta la importación de bienes objeto de un contrato, y en estos casos no procederán incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato.

ARTÍCULO 54.- Las dependencias y entidades podrán rescindir administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor, en cuyo caso el procedimiento deberá iniciarse dentro de los 15 días siguientes a aquél en que se hubiere agotado el monto límite de aplicación de las penas convencionales. Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega de los bienes o se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto.
El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:
I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 10 días exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que se hubiere hecho valer; y
III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro de los 15 días siguientes a lo señalado en la fracción I de este artículo.
Asimismo, las dependencias y entidades podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, al municipio o a la entidad, en su caso.
En estos supuestos, la dependencia o entidad reembolsará al proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente.

ARTÍCULO 55.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a mantener los bienes adquiridos o arrendados en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento, así como vigilar que los mismos se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados.
Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias y entidades en los contratos de adquisiciones, servicios o arrendamientos, deberán estipular las condiciones que garanticen su correcta operación y funcionamiento; en su caso, la obtención de una póliza de seguro por parte del proveedor, que garantice la integridad de los bienes hasta el momento de su entrega y, de ser necesario, la instalación de los equipos y la capacitación del personal que los operará.
La adquisición de materiales cuyo consumo haga necesaria invariablemente la utilización de equipo propiedad del proveedor, podrá realizarse siempre y cuando en las bases de licitación se establezca que a quien se adjudique el contrato deberá proporcionar el citado equipo, sin costo alguno para la dependencia o entidad durante el tiempo requerido para el consumo de los materiales.

TÍTULO QUINTO

De la Información y Verificación
Capítulo Único

ARTÍCULO 56.- La forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir a la Contraloría o al órgano de control correspondiente, en su caso, la información relativa a los actos y contratos materia de esta Ley, serán establecidos por dichas instancias, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
La información a que se refiere el último párrafo del artículo 26 de esta Ley, deberá remitirse por las dependencias y entidades a la Contraloría o al órgano de control correspondiente, en su caso, a través de medios magnéticos o remotos de comunicación electrónica, conforme a las disposiciones administrativas que para tal efecto establezca dichas instancias.
Las dependencias y entidades conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación comprobatoria de los actos y contratos materia de este ordenamiento, cuando menos por un lapso de tres años, contados a partir de la fecha de su recepción, excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará a lo previsto por las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 57.- La Contraloría o el órgano de control correspondiente, en su caso, en el ejercicio de sus facultades, podrán verificar, en cualquier tiempo, que las adquisiciones, servicios y arrendamientos se realicen conforme a lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables. Si dichas instancias determinan la nulidad total del procedimiento de contratación por causas imputables a la dependencia o entidad convocante, ésta reembolsará a los licitantes los gastos no recuperables en que hayan incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.
La Contraloría o el órgano de control correspondiente, en su caso, podrán realizar las visitas e inspecciones que estimen pertinentes a las dependencias y entidades que realicen adquisiciones, servicios y arrendamientos e igualmente podrán solicitar a los servidores públicos y a los proveedores que participen en ellas, todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate.

ARTÍCULO 58.- La Contraloría o el órgano de control correspondiente, en su caso, podrán verificar la calidad de las especificaciones de los bienes muebles a través de los laboratorios, instituciones educativas y de investigación o con las personas que determine, en los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y que podrán ser aquellos con los que cuente la dependencia o entidad de que se trate.
El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya hecho la comprobación, así como por el proveedor y el representante de la dependencia o entidad respectiva, si hubieren intervenido. La falta de firma del proveedor no invalidará dicho dictamen.

TÍTULO SEXTO

De las Infracciones y Sanciones
Capítulo Único

ARTÍCULO 59. - Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados por la Contraloría o el órgano de control correspondiente, en su caso, con multa equivalente a la cantidad de 20 hasta 300 veces el salario mínimo general vigente en el Estado elevado al mes, en la fecha de la infracción.

ARTÍCULO 60.- Las autoridades señaladas en el artículo anterior, además de las sanciones a que se refiere dicho dispositivo, inhabilitarán temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, al licitante o proveedor que se ubique en alguno de los supuestos siguientes:
I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el contrato
adjudicado por la dependencia o entidad convocante;
II. Los proveedores que se encuentren en el supuesto de la fracción III del artículo 50 de este ordenamiento, respecto de dos o más dependencias o entidades;
III. Los proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y
que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad de que se trate
así como aquellos que entreguen bienes con especificaciones distintas de las convenidas; y
IV. Los licitantes o proveedores que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la
presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad.
La inhabilitación que se imponga no será menor de 6 meses ni mayor de 5 años, plazo que comenzará a
contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Contraloría o el órgano de control correspondiente, en su caso, la haga del conocimiento de las dependencias y entidades, mediante la publicación de la circular respectiva en el Periódico Oficial.
Las dependencias y entidades, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Ley, remitirán a la Contraloría o el órgano de control correspondiente, en su caso, la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción.

ARTÍCULO 61.- La Contraloría o el órgano de control correspondiente, en su caso, impondrán las sanciones considerando:
I. Los daños y perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse;
II. El carácter doloso o culposo de la acción u omisión constitutiva de la infracción;
III. La gravedad de la infracción; y
IV. Las condiciones económicas del infractor.

ARTÍCULO 62.- Para la aplicación de las sanciones, se observará el procedimiento siguiente:
a) Conocida la infracción, la Contraloría o el órgano de control correspondiente, en su caso, solicitará un informe al licitante o proveedor presunto responsable de la misma, haciéndole llegar copia de la denuncia o del acta administrativa, así como de la documentación en la que se fundamente aquélla, citándolo a una audiencia que deberá celebrarse en un término no mayor de 15 días;
b) En la audiencia correspondiente el infractor podrá alegar por escrito lo que a su derecho convenga y
aportará las pruebas pertinentes; y c) Una vez oído al infractor y desahogadas las pruebas ofrecidas y admitidas, se procederá a dictar por escrito la resolución que proceda, dentro de los 15 días siguientes al de la audiencia, resolución que será notificada en forma personal o por correo certificado.
En contra de dicha resolución, el infractor podrá inconformarse ante el órgano municipal competente en materia contencioso-administrativa o ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en su caso.

ARTÍCULO 63.- Las autoridades a que se refiere el artículo anterior aplicarán las sanciones que procedan conforme a lo dispuesto por la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores públicos, a los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de este ordenamiento. Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley serán independientes de las de orden civil o penal que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos.

ARTÍCULO 64.- No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa de fuerza mayor o de caso fortuito o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión efectuada por las mismas.

TÍTULO SÉPTIMO

De las Inconformidades y
del Procedimiento de Conciliación
Capítulo I
De las Inconformidades

ARTÍCULO 65.- Las personas interesadas podrán inconformarse ante la Contraloría o el órgano de control correspondiente, en su caso, por cualquier acto del procedimiento de contratación que contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley. La inconformidad será presentada por escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica que al
efecto se establezcan, dentro de los 10 días siguientes a aquél en que ocurra el acto o el inconforme tenga conocimiento de éste.
Transcurrido el plazo establecido en este artículo, precluye para los interesados el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que las autoridades a que se refiere este artículo puedan actuar en cualquier tiempo en términos de ley.
Lo anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas previamente manifiesten a dichas autoridades las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el procedimiento de contratación, a fin de que las mismas se corrijan.
La falta de acreditamiento de la personalidad del promovente será causa de desechamiento.

ARTÍCULO 66.- En la inconformidad que se presente en los términos a que se refiere este Capítulo, el
promovente deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos que le consten relativos al acto o actos que aduce son irregulares y acompañar la documentación que sustente su petición. La falta de protesta indicada será causa de desechamiento de la inconformidad.
La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de esta Ley y a las demás que resulten aplicables.
Cuando una inconformidad se resuelva como no favorable al promovente por resultar notoriamente
improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer la continuación del procedimiento de contratación, se le impondrá multa conforme lo establece el artículo 59 de esta Ley.

ARTÍCULO 67.- En las inconformidades que se presenten a través de medios remotos de comunicación electrónica, deberán utilizarse medios de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa.
Dichas inconformidades, la documentación que las acompañe y la manera de acreditar la personalidad del promovente, se sujetarán a las disposiciones técnicas que para efectos de la transmisión se expidan, en cuyo caso producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los medios de identificación y documentos correspondientes.

ARTÍCULO 68.- La Contraloría o el órgano de control correspondiente, en su caso, de oficio o en atención a las inconformidades a que se refiere el artículo 65 del presente ordenamiento, podrán realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar que los actos de cualquier procedimiento de contratación se ajustan a las disposiciones de esta Ley, dentro de un plazo que no excederá de 45 días contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento del acto irregular. Transcurrido dicho plazo deberá emitir la resolución correspondiente dentro de los 30 días siguientes.
La Contraloría o el órgano de control correspondiente, en su caso, podrán requerir información a las dependencias o entidades respectivas, las que deberán remitirla dentro de los 10 días siguientes a la recepción del requerimiento respectivo.
Una vez admitida la inconformidad o iniciadas las investigaciones, la Contraloría o el órgano de control correspondiente, en su caso, deberán hacerlo del conocimiento de terceros que pudieran resultar perjudicados, para que dentro del término a que alude el párrafo anterior manifiesten lo que a su interés convenga.
Transcurrido dicho plazo sin que el tercero perjudicado haga manifestación alguna, se tendrá por precluído su derecho.
Durante la investigación de los hechos a que se refiere este artículo, la Contraloría o el órgano de control correspondiente, en su caso, podrán suspender el procedimiento de contratación, cuando:
I. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las que de ella deriven, o bien, que de continuarse con el procedimiento de contratación pudiera producirse daños y perjuicios a la dependencia o entidad de que se trate; y
II. Con la suspensión no se cause perjuicio al interés social y no se contravengan disposiciones de orden público. La dependencia o entidad deberá informar dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la suspensión, aportando la justificación del caso, si con la misma no se causa perjuicio al interés social o bien se contravienen disposiciones de orden público, para que la Contraloría o el órgano de control correspondiente, en su caso, resuelvan lo que proceda. Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión, éste deberá garantizar los daños y perjuicios que pudiera ocasionar, mediante fianza por el monto que fijen las autoridades a que se refiere este artículo, en su caso, de conformidad con los lineamientos que al efecto expidan. Sin embargo, el tercero perjudicado podrá dar contrafianza equivalente a la que corresponda a la fianza, en cuyo caso quedará sin efecto la suspensión.


ARTÍCULO 69.- La resolución que emitan las autoridades a que se refiere el artículo anterior tendrá por consecuencia:
I. La nulidad del acto o actos irregulares estableciendo, cuando proceda, las directrices necesarias para que el mismo se reponga conforme a esta Ley;
II. La nulidad total del procedimiento; o
III. La declaración relativa a lo infundado de la inconformidad.

ARTÍCULO 70.- En contra de la resolución de inconformidad que dicten las autoridades a que se refiere este Capítulo, procederán los recursos previstos en el último párrafo del artículo 62 del presente ordenamiento.

CAPITULO II

Del Procedimiento de Conciliación

ARTÍCULO 71.- Los proveedores podrán presentar quejas ante la Contraloría o el órgano de control
correspondiente, en su caso, con motivo del incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos que tengan celebrados con las dependencias y entidades.
Una vez recibida la queja respectiva, las autoridades a que se refiere este artículo señalarán día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá celebrar dentro de los 15 días siguientes a la fecha de recepción de la queja.
La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la inasistencia por parte del proveedor traerá como consecuencia el tenerlo por desistido de su queja.

ARTÍCULO 72.- En la audiencia de conciliación, las autoridades a que se refiere el artículo anterior, tomando en cuenta los hechos manifestados en la queja y los argumentos que hiciere valer la dependencia o entidad respectiva, determinarán los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortarán a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado.
En caso de que sea necesario, la audiencia se podrá realizar en varias sesiones. Para ello, dichas autoridades señalarán los días y horas para que tengan verificativo. En todo caso, el procedimiento de conciliación deberá agotarse en un plazo no mayor de 60 días contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la primera sesión. De toda diligencia deberá levantarse acta circunstanciada en la que consten los resultados de las actuaciones.

ARTÍCULO 73.- En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante los tribunales federales.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los 30 días de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Estatal en materia de adquisiciones, servicios y arrendamientos y todas aquéllas que se opongan al presente ordenamiento.

ARTÍCULO TERCERO.- Las disposiciones administrativas y reglamentos expedidos en esta materia, vigentes al momento de la publicación de este ordenamiento, se seguirán aplicando en todo lo que no se opongan a la presente Ley, en tanto se expiden las que deban sustituirlas.

ARTÍCULO CUARTO.- Los titulares de las dependencias constituirán los comités y expedirán los reglamentos a que se refiere el artículo 22 de esta Ley en un plazo no mayor de 90 días, contados a partir del día siguiente en que entre en vigor el presente ordenamiento.

ARTÍCULO QUINTO.- Los procedimientos de contratación, de aplicación de sanciones y de inconformidades, así como los demás asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento en el que se iniciaron. Los contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza que se encuentren vigentes al entrar en vigor esta Ley, continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes en el momento en que se celebraron. El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo el día trece del mes de junio del año dos mil dos.

C. SERGIO MARCELINO BRAVO SANDOVAL, DIPUTADO PRESIDENTE.
Rúbrica.

C. JOSE MANCILLA FIGUEROA, DIPUTADO SECRETARIO.
Rúbrica.

C. FERNANDO RAMÍREZ GONZÁLEZ, DIPUTADO SECRETARIO.
Rúbrica.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y observe. Dado en Palacio de Gobierno, a los 14 días del mes de junio del año dos mil dos.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, LIC. FERNANDO MORENO PEÑA.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, LIC. JORGE HUMBERTO SILVA OCHOA.
Rúbrica.